La noche del 3 de junio de 2025, una explosión sacudió el sector de la Bahía en Guayaquil, específicamente en las calles Ayacucho y Eloy Alfaro, afectando al menos seis locales comerciales, así como viviendas y oficinas cercanas. Según testigos, un individuo descendió de una motocicleta y dejó un artefacto explosivo alrededor de las 22:30. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, informó que el Municipio asumirá la reparación de los módulos dañados y brindará apoyo a los comerciantes afectados.

El alcalde Alvarez destacó que el Municipio, a través de la empresa pública Segura EP, colabora con la Policía Nacional en las investigaciones correspondientes. Además, recordó que se habían mantenido reuniones previas con los comerciantes de la Bahía para alertar sobre la inseguridad en el sector. El Municipio reafirmó su disposición para colaborar en todo lo necesario y brindar respaldo a las víctimas de este ataque.

Este incidente se suma a una serie de atentados con explosivos registrados en Guayaquil durante la misma noche, incluyendo eventos en las calles 20 y Argentina, y en la calle 22 y Sedalana. Las autoridades locales han manifestado su compromiso de trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional para implementar planes de seguridad que aborden la creciente ola de violencia en la ciudad.

La decisión del Gobierno ecuatoriano de eliminar el subsidio al diésel para el sector pesquero ha generado preocupación entre los representantes de la industria, quienes advierten sobre posibles efectos adversos en la competitividad internacional y en las comunidades que dependen de esta actividad. Según la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) y la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec), el subsidio representa aproximadamente USD 14,4 millones, equivalentes al 2,8 % del consumo anual de diésel en el país. Los gremios sostienen que la eliminación de este beneficio no contribuirá significativamente a la reducción del gasto público, pero sí afectará las cadenas de valor y el sustento de numerosas familias. l

El combustible constituye entre el 30 % y 36 % de los costos operativos de las embarcaciones atuneras. Un aumento en estos costos podría disminuir la competitividad de Ecuador en mercados clave como la Unión Europea, que demanda normas de origen garantizadas por la pesca nacional. Una reducción en el abastecimiento de atún por parte de la flota nacional, debido al incremento de costos, podría afectar directamente el posicionamiento internacional del país como uno de los principales exportadores de atún del mundo.

Ante esta situación, los gremios han propuesto al Gobierno medidas compensatorias, como la autorización para la libre importación de diésel, la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) y aranceles sobre combustible, insumos y equipos pesqueros. También sugieren aplicar el artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo, que establece tarifa cero de IVA para insumos y maquinaria del sector pesquero, y que lleva siete años sin ejecutarse. Además, plantean una eliminación gradual del subsidio y la implementación de líneas de crédito para modernizar y repotenciar la flota atunera.