El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó el 9 de septiembre de 2025 sus Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares, revelando que en 2023 el trabajo doméstico no remunerado —como cocinar, limpiar y cuidar— generó un aporte económico equivalente a 24 964 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 21 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este porcentaje supera sectores clave como el comercio (16,1 %), la administración pública (7,4 %) y la construcción (4,6 %).

El estudio destaca una marcada desigualdad de género: las mujeres realizan el 75 % del trabajo no remunerado, frente al 25 % de los hombres. En términos de tiempo, por cada 100 horas de trabajo doméstico no pagado, ellas dedican 75 horas, mientras que los hombres solo 25. En promedio semanal, las mujeres destinan 28,7 horas al trabajo no remunerado, comparado con 11,4 horas de los hombres.

El valor económico del trabajo no remunerado evidencia que se trata de un pilar invisible de la economía ecuatoriana, sostenido mayoritariamente por mujeres. Este desequilibrio limita su acceso a oportunidades laborales remuneradas, formación y participación social, como lo subrayó David Vera, exdirector del INEr. El INEC plantea que estos datos deben servir de base para diseñar políticas de corresponsabilidad, fortalecer servicios públicos de cuidado y reconocer el trabajo doméstico en la planificación económica y social nacional.

Durante el segundo cuatrimestre de 2025, el Servicio de Rentas Internas (SRI) llevó a cabo una serie de operativos en establecimientos que comercializaban productos dermatológicos y dermocosméticos de manera informal. Como resultado, se realizó la incautación provisional de mercancía valuada en aproximadamente USD 205.000. Estas acciones representan un esfuerzo firme del SRI contra el contrabando y la informalidad comercial.

Los operativos se efectuaron en cinco ciudades clave del país: Ibarra, Guayaquil, Loja, Machala y Quito. Allí, los Fedatarios Fiscales detectaron que los productos intervenidos carecían de documentación legal como comprobantes de venta, registros de importación o registros sanitarios. Además, en varios casos, se sospechó la presencia de productos falsificados, lo que no solo afecta la recaudación tributaria, sino que también constituye un riesgo para la salud pública.

Estas intervenciones son parte de una estrategia de control tributario basada en análisis de riesgos, diseñada para detectar y enfrentar puntos de venta con mayor probabilidad de irregularidades. El SRI ha anunciado que continuará con esta línea de operativos a nivel nacional y hace un llamado a la ciudadanía para colaborar denunciando la venta de productos sin respaldo documental o con registros cuestionables.