El Gobierno de Ecuador, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, anunció avances en negociaciones con Colombia para reducir aranceles y precios de algunos productos importados, buscando aliviar la presión inflacionaria sobre bienes de consumo que históricamente han sido más caros para los consumidores ecuatorianos. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del aumento de precios en alimentos y artículos básicos, afectado por factores externos como la pandemia y la crisis de los combustibles.

La discusión también aborda la liberalización comercial y la eliminación de barreras arancelarias, con miras a facilitar un comercio más fluido entre ambos países, lo que podría traducirse en precios más competitivos para los consumidores. Estas acciones se enmarcan en el contexto de la creciente preocupación pública por el costo de vida, en especial ante el alza de la electricidad, que ha estado influenciada por fluctuaciones internacionales del precio del gas y la dependencia de combustibles importados.

Además, el gobierno de Ecuador enfatiza la importancia de coordinar estos ajustes comerciales con medidas internas que fortalezcan la economía y protejan a los sectores más vulnerables, en un entorno donde temas como el narcotráfico y la seguridad urbana también forman parte de las prioridades nacionales, afectando la percepción general sobre la gestión económica y el bienestar social.

La Asamblea Nacional aprobó iniciar una investigación sobre la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en relación con la compra de 60 trolebuses eléctricos, tras un informe de la Contraloría que señala posibles irregularidades y un perjuicio de unos USD 2,5 millones al municipio capitalino. La moción fue impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), que argumenta que el proceso de adquisición no siguió los procedimientos habituales como la subasta inversa, optando por un esquema de cooperación con un organismo internacional.

La resolución aprobada dispone que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea fiscalice de forma integral las acciones de Muñoz y las autoridades involucradas en la contratación y gestión de los trolebuses, y que se remita el caso también al Concejo Metropolitano de Quito y a la Contraloría General del Estado para las acciones correspondientes.

El correísmo se opuso a la investigación al afirmar que la Asamblea no tiene competencia para fiscalizar actos del Municipio, mientras aliados de ADN y otros bloques respaldaron la medida. El caso ha generado debate político sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos en proyectos de movilidad sostenible.

El sector pesquero ecuatoriano cerró 2025 con un crecimiento del 9 % en exportaciones, alcanzando un récord de USD 2 450 millones, según datos recopilados por la Cámara Nacional de Pesquería. Este desempeño se sumó al impulso general de la pesca y la acuicultura, que en conjunto superaron los USD 10 000 millones y representaron una parte importante de las exportaciones no petroleras del país. El sector también genera alrededor de 150 000 empleos directos e indirectos, consolidándose como un motor clave para la economía nacional.

A pesar de este avance, la industria enfrenta retos estructurales que amenazan su competitividad internacional. La eliminación del subsidio al diésel elevó considerablemente los costos de operación para la flota atunera, y la mayoría de los barcos son antiguos, lo que resalta la necesidad de modernización y de financiamiento para renovar equipos. Además, la falta de astilleros funcionales en Ecuador obliga a las empresas a llevar embarcaciones al exterior para reparaciones, generando una salida de divisas que podría evitarse.

Otros desafíos incluyen cuestiones de seguridad marítima, con gastos crecientes para proteger a las tripulaciones de amenazas como la criminalidad y el narcotráfico, además de limitaciones institucionales que dificultan la coordinación del sector. A ello se suma la necesidad de mantener y ampliar mercados internacionales, así como avanzar en la posible eliminación de medidas como la “tarjeta amarilla” en la Unión Europea para fortalecer la presencia del pescado ecuatoriano en el mercado global.