Britney Spears, ícono del pop mundial, ha estado alejada de los escenarios y la industria musical desde hace varios años, tras una serie de decisiones personales y profesionales que la han llevado a enfocarse en otros proyectos creativos y su vida privada. Aunque ella misma ha sido muy clara en reiterar que no planea volver a la industria musical ni quiere subirse a un gran escenario, los rumores sobre un posible regreso en 2026 han ganado fuerza recientemente en redes y medios de entretenimiento.

El motivo principal detrás de estas especulaciones no viene de una confirmación oficial, sino de teorías que apuntan a que Spears aún tendría obligaciones contractuales con su sello discográfico RCA Records, que, según algunas publicaciones, exige la entrega de más álbumes bajo el acuerdo firmado en años anteriores. Esta supuesta presión contractual —junto con el décimo aniversario de su último disco y el interés comercial en revivir su legado— ha sido interpretada por algunos fanáticos como una posible razón para que la artista retome la música en 2026.

Sin embargo, es importante señalar que no hay anuncios oficiales por parte de Britney Spears ni de su equipo sobre una gira, disco nuevo o presentación confirmada en 2026. La propia Britney ha enfatizado en diversas ocasiones que su enfoque actual está más en roles creativos como compositora que en actuar en grandes escenarios, lo cual mantiene estas proyecciones más como especulación y expectativa de los fans que como hechos verificados.

El histórico John F. Kennedy Center for the Performing Arts, uno de los centros culturales y de artes escénicas más importantes de Estados Unidos, ha sido rebautizado oficialmente como Trump-Kennedy Center tras una decisión anunciada por la Casa Blanca. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, informó que la junta directiva del centro votó “por unanimidad” a favor de incluir el apellido del presidente Donald Trump en el nombre, destacando el “increíble trabajo” realizado por su administración en la renovación y fortalecimiento financiero del recinto.

Este cambio ocurre en un contexto de reconfiguración de la junta directiva del centro, cuyos miembros fueron designados por Trump tras destituir a los anteriores dirigentes a inicios de este año. El presidente mismo asumió la presidencia del consejo, impulsando reformas en la programación y promoviendo mejoras estructurales en el edificio. Según la administración, la decisión busca reconocer el papel de Trump en asegurar el futuro del centro cultural.

Sin embargo, el rebautizo ha generado debate y oposición, ya que muchos consideran que modifica el legado del expresidente John F. Kennedy, en cuyo honor se creó inicialmente el centro cultural. Críticos del cambio cuestionan si la junta tenía autoridad legal para renombrar el centro sin la aprobación del Congreso, y miembros de la familia Kennedy han expresado públicamente su rechazo a la medida, calificándola de innecesaria y polémica.

El sacerdote John Kwamevi Cudjoe, nacido en Ghana y radicado en Ecuador desde 2005, fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guayaquil por el papa León XIV y será consagrado el 20 de diciembre de 2025 en la Catedral Metropolitana de Guayaquil. Su designación llega después de casi dos décadas de labor pastoral en comunidades populares, especialmente en sectores como el Guasmo y Monte Sinaí, donde ha trabajado directamente con realidades marcadas por la pobreza y la exclusión social.

Cudjoe recuerda con cariño su llegada al país y sus primeros años de ministerio, cuando fue destinado a servir en parroquias del sur de Guayaquil poco después de su ordenación. Tras su paso por diversas comunidades y su labor pastoral en Huaquillas, su nombramiento representa un regreso significativo a la ciudad que lo acogió y formó como pastor. El propio nuevo obispo auxiliar ha expresado su compromiso por escuchar y caminar con las personas, poniendo énfasis en el acompañamiento y solidaridad con quienes enfrentan desafíos sociales y personales.

La ceremonia de consagración se realizará en pleno periodo navideño, marcando un evento relevante para la Iglesia católica en Guayaquil en un año en que la arquidiócesis celebra importantes aniversarios. La comunidad eclesial y fieles esperan con expectativa este nuevo liderazgo que busca fortalecer el servicio pastoral y la cercanía con las diversas realidades de la ciudad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 17 de diciembre de 2025 que Venezuela “les quitó los derechos petroleros” a las empresas estadounidenses y que quiere recuperarlos, en un contexto de creciente presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estas declaraciones se dieron un día después de que Trump anunciara un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros sancionados por parte de Venezuela, como parte de su estrategia para exigir la devolución de activos y presionar al régimen venezolano.

Trump insistió ante la prensa que “nos quitaron todos nuestros derechos energéticos” y que busca que se restablezcan esos derechos petroleros, argumentando que las empresas estadounidenses fueron expulsadas de manera “ilegal” del país sudamericano. La industria petrolera venezolana fue nacionalizada en 1976 y en 2007 se obligó a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias o retirarse del mercado, lo cual Washington ahora cuestiona como injusto.

La escalada con Venezuela también incluye sanciones más amplias y acciones militares en la región, mientras el gobierno venezolano ha respondido con fuertes críticas y rechaza las medidas estadounidenses como amenazas y violaciones al derecho internacional. A pesar del bloqueo anunciado, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asegura que las exportaciones de crudo siguen “con normalidad”, aunque la tensión diplomática y económica continúa incrementándose entre ambos países.

El presidente **Daniel Noboa anunció que el Estado ecuatoriano presentó una demanda contra la empresa estadounidense Progen en tribunales de Estados Unidos, gestionada a través de la empresa pública CELEC, por los contratos fallidos y presuntas irregularidades vinculados a la crisis eléctrica. Esta acción legal se da aproximadamente un año después de la firma y posterior terminación de los acuerdos con Progen para la adquisición e instalación de plantas termoeléctricas en Quevedo y El Salitral, que no se cumplieron según lo pactado.

La Contraloría General del Estado había determinado que esos contratos causaron un perjuicio estimado en unos USD 100 millones, debido a irregularidades como pago de anticipos sin la entrega efectiva y verificación de equipos, además de problemas técnicos con los generadores, lo que motivó investigaciones administrativas y judiciales.

Con esta demanda, el gobierno busca la reparación integral del Estado ecuatoriano, reclamando responsabilidades y compensaciones por los daños económicos derivados de los incumplimientos contractuales. La medida refuerza la postura del Ejecutivo de perseguir acciones legales y exigir transparencia en los procesos de contratación pública relacionados con la emergencia energética.