El martes 24 de junio de 2025, a las 16:00 (según versiones también se mencionó a las 15:00) el Pleno de la Asamblea Nacional somete a segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, enviada por el presidente Daniel Noboa y calificada como urgente en materia económica. Este paso se da tras la aprobación del informe en la Comisión de Desarrollo Económico el domingo 22 de junio, apoyado por ocho legisladores.
La iniciativa propone una reforma integral al sistema de contratación pública, enfocándose en tres ejes: integridad, transparencia y selección por mérito. Entre las modificaciones destacan la incorporación de la integridad como principio rector, la profesionalización de recursos humanos, tipificación del prevaricato en jueces y fiscales, obligatoriedad de transferir activos policiales a la Universidad de Seguridad Ciudadana, y plazos máximos para actualizar manuales y evaluaciones laborales.
Los promotores de la ley, como Sergio Peña y Diego Franco, defienden que este proyecto no solo combate la corrupción y el favoritismo en la contratación, sino que también fortalece la institucionalidad pública y protege a los ciudadanos vulnerables. El texto reformará más de una decena de leyes, incluyendo la del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Servicio Público, y reglas del transporte, y deberá ser votado antes del 26 de junio, límite para la vía urgente.