El presidente Daniel Noboa anunció que el Gobierno tomará “una decisión más fuerte” para liberar todas las vías bloqueadas en Imbabura, con la promesa de que estarán abiertas entre hoy y mañana. Además, indicó que se destinará un programa económico de 50 millones de dólares para los ciudadanos y negocios más afectados, que también abarcará zonas del norte de Pichincha y sur de Carchi.

Estas manifestaciones son parte del paro convocado por la CONAIE desde finales de septiembre, inicialmente por la eliminación del subsidio al diésel, pero que ha escalado con demandas que incluyen rebajas del IVA y rechazo a una posible Asamblea Constituyente. Las protestas se han focalizado sobre todo en Imbabura, donde continúan 11 vías cerradas según el ECU 911, pese a los esfuerzos de policías y militares para despejar los bloqueos.

Noboa defendió la medida del fin del subsidio argumentando que ese gasto beneficiaba estructuras corruptas y que ahora esos recursos se redirigen a programas sociales. A la vez, afirmó que aunque reconoce el derecho a la protesta, las manifestaciones violentas no serán toleradas y advirtió con sanciones a quienes incurran en esas acciones.

El Concejo Metropolitano de Quito rechazó la propuesta que buscaba sancionar a los concejales por sus ausencias, llegadas tardías o abandonos de sesiones. La iniciativa, impulsada por el concejal Bernardo Abad, pretendía establecer multas económicas para quienes incumplieran con la asistencia obligatoria, con el objetivo de fortalecer la disciplina y el compromiso dentro del Cabildo. Sin embargo, la mayoría de ediles consideraron que la medida era excesiva y que debía abordarse desde la ética y la responsabilidad política más que desde la sanción económica.

Durante la sesión, el proyecto fue sometido a votación y recibió 17 votos en contra, 2 abstenciones y solo 1 voto a favor, lo que refleja un rechazo casi total por parte de los integrantes del Concejo. Algunos concejales argumentaron que la normativa vigente ya contempla mecanismos de control sobre la participación y que una sanción adicional podría generar conflictos internos o interpretaciones arbitrarias sobre las ausencias justificadas.

Pese a la negativa, el debate dejó en evidencia la preocupación por el nivel de compromiso y asistencia en las sesiones del Concejo Metropolitano. El proponente, Abad, indicó que seguirá impulsando la discusión para encontrar mecanismos que garanticen la presencia activa de todos los miembros, mientras otros ediles plantearon la posibilidad de incorporar reglas más claras dentro del reglamento interno sin necesidad de imponer multas.

El lunes 20 de octubre de 2025, las Fuerzas Armadas del Ecuador llevaron a cabo una operación de alto impacto en la zona minera de Buenos Aires, provincia de Imbabura, como parte del “Plan de Posesión Total” para combatir la minería ilegal y el crimen organizado en esa región.
Durante el operativo, fueron aprehendidas cinco personas identificadas como presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra: Jhoner Alexis M. M., Jhohan Steven Q. V., Welber Jair V. M., R. A. Jair y Rolando Alexander B. V.
Adicionalmente, se incautó un significativo arsenal — entre fusiles R-15 y FAL, más de mil municiones y chalecos tácticos con insignias de las fuerzas colombianas — lo que apunta a una estructura transnacional vinculada a la minería ilegal y al crimen organizado.

El Gobierno del Ecuador y la OEA han dado un paso significativo al suscribir un acuerdo orientado a reforzar la seguridad multidimensional en el país, con el objetivo de enfrentar de forma integral la delincuencia organizada, el narcotráfico, la minería ilegal y otros fenómenos complejos que trascienden las fronteras nacionales.
El programa diseñado conjuntamente busca fortalecer las capacidades del Estado ecuatoriano en materia de prevención, persecución penal, protección ciudadana, inteligencia estratégica, control de flujos financieros ilícitos y seguridad fronteriza. Es el primero de su tipo en América Latina enmarcado bajo la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA.
La iniciativa se da en un contexto marcado por un aumento de la violencia, así como por la llamada a reforzar la cooperación internacional. Con este acuerdo, Ecuador apuesta por una estrategia multilateral que complemente sus políticas internas y contribuya a generar un entorno de mayor seguridad y desarrollo sostenible.

El presidente Daniel Noboa inauguró la planta termoeléctrica de gas natural Gasvesubio, ubicada en la provincia de El Oro, que adicionará 13,5 megavatios al sistema energético nacional. Esta obra forma parte de un paquete de infraestructuras energéticas en la zona, cuyo monto total supera los USD 53 millones, incluyendo también el sistema de transmisión “La Avanzada” y la subestación “La Avanzada 2”.

Noboa destacó que con estas inversiones se busca consolidar un servicio eléctrico “estable y continuo”, en una región que ha sufrido fallas y reclamos por cortes. Según el gobierno, estas infraestructuras permitirán descongestionar líneas actuales y mejorar la capacidad de distribución hacia los cantones de El Oro, además de abrir posibilidades de interconexión con Perú.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende responder a previsiones negativas sobre apagones y reforzar su compromiso con proyectos de largo plazo en el sector energético. Estas acciones energéticas buscan también impulsar crecimiento regional, garantizar la demanda en zonas en desarrollo y aumentar la resiliencia del sistema frente a variaciones climáticas o de demanda.