Un reciente estudio elaboró un ranking de los países más peligrosos del mundo tomando en cuenta factores como la tasa de homicidios, la violencia cotidiana y la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana. Los resultados son inquietantes, ya que cinco de los diez primeros puestos corresponden a naciones latinoamericanas.

Aunque la lista incluye lugares tristemente conocidos por su violencia, como Afganistán, Siria y Sudáfrica, el país que ocupa el primer lugar no se encuentra en una zona de conflicto bélico. De hecho, su índice de criminalidad de 80,70 lo convierte en el más peligroso del mundo.

Esta grave situación tiene raíces profundas y múltiples factores contribuyentes. La combinación de una crisis económica severa, corrupción arraigada en las instituciones y el creciente control de las bandas criminales ha generado un colapso en la estabilidad social. La ausencia de estrategias eficaces para enfrentar la delincuencia ha dejado a millones de personas en un estado de vulnerabilidad extrema, sin respuestas claras por parte de las autoridades.

¿Tienes alguna sospecha? La respuesta es impactante: según un estudio de Numbeo, Venezuela encabeza la lista de los países más peligrosos del mundo. La nación sudamericana ha enfrentado una crisis sin precedentes en las últimas décadas, lo que ha deteriorado profundamente su tejido social y debilitado por completo su sistema de seguridad pública.

A 11 días del derrame de petróleo en Quinindé, miles de personas continúan enfrentando las consecuencias directas e indirectas de la contaminación. La principal preocupación es el acceso al agua potable, ya que los ríos Caple, Cube y Viche, fuentes vitales para el consumo, las labores agrícolas y las actividades diarias, han sido afectados por el crudo derramado.

En Chucaple, un recinto donde habitan más de 20 familias, el río era parte esencial de su rutina diaria. Antes del desastre, solían bañarse allí por las tardes, pero desde hace 10 días han dejado de hacerlo por temor a contraer enfermedades. La misma situación se repite en varias comunidades cercanas como Majua, Chinca, Bellavista, El Timbre, San Mateo y La 30, donde el acceso al agua se ha convertido en la necesidad más urgente.

Para mitigar la crisis, se ha desplegado un operativo logístico con más de 50 tanqueros que recorren las zonas afectadas, abasteciendo a las familias con agua apta para el consumo. Sin embargo, los problemas de salud han comenzado a surgir. En los cinco puntos de atención médica habilitados debido a la emergencia, la cantidad de pacientes ha ido en aumento. Solo en el centro de atención en Caple, se registran más de 30 consultas diarias por afecciones posiblemente relacionadas con la contaminación.

Mientras la ayuda humanitaria sigue llegando, las comunidades también exigen compensaciones económicas por los daños sufridos. Aunque han recibido promesas por parte de las autoridades, todavía no hay claridad sobre cómo ni cuándo se materializarán estos apoyos, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los afectados.

El embalse de Mazar, que tiene una capacidad de almacenamiento de 410 millones de metros cúbicos de agua, se encuentra en mejores condiciones en comparación con el mismo periodo del año anterior. El 24 de marzo de 2025, la cota del embalse alcanzó los 2.153,58 metros sobre el nivel del mar, 28 metros más alto que en 2024, cuando se encontraba a 2.125 metros. Esta mejora refleja una recuperación significativa luego de un período de sequía que afectó a Cuenca y el Austro en 2024, con cortes de electricidad derivados de los bajos niveles de agua.

El cambio en la situación se debe principalmente a los caudales normales de los ríos que alimentan el embalse, que, según la Red Hidrometeorológica de Etapa, actualmente se encuentran dentro de parámetros normales, en contraste con los niveles de prealerta del año pasado. Los caudales de ingreso al embalse de Mazar han aumentado considerablemente, pasando de 43,48 metros cúbicos por segundo en 2024 a 83,38 metros cúbicos por segundo este año.

Con una de sus dos turbinas operativas, el embalse de Mazar ha estado contribuyendo activamente a la generación de energía, aportando 368,19 megavatios/hora hasta la tarde del 24 de marzo de 2025. La hidroeléctrica es parte de una red de generación que cubre el 88% de la demanda nacional de electricidad, con exportaciones planificadas de energía a Colombia. La mejora en los niveles de agua y la producción de energía marcan un contraste positivo frente a las dificultades del año pasado.

El derrumbe del puente Gonzalo Icaza Cornejo, que conecta los cantones Daule y Nobol, ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Prefectura de Guayas sobre las posibles causas del siniestro. El colapso, ocurrido la noche del 19 de marzo de 2025, dejó un saldo trágico de un fallecido, cinco heridos y dos personas desaparecidas. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, se han generado cuestionamientos respecto al mantenimiento de la estructura y la posible sobrecarga de vehículos como factores determinantes en el incidente.

El exprefecto Jimmy Jairala expresó dudas sobre si se realizaron los mantenimientos adecuados, sugiriendo que el concesionario Conorte pudo haber descuidado su labor. En respuesta, la actual prefecta, Marcela Aguiñaga, aseguró que el puente recibía mantenimiento preventivo y que no existía un reporte previo de riesgo de colapso. Además, mencionó que la Prefectura está brindando asistencia a los afectados y que la Cámara de Construcción de Guayaquil colabora en la evaluación de las causas del derrumbe. Preliminarmente, se señala una posible sobrecarga debido a la circulación de camiones de carga pesada.

Por su parte, el ministro de Transporte, Roberto Luque, rechazó la versión de Aguiñaga y pidió que no se difundan conclusiones apresuradas. Según Luque, la capacidad máxima de 48 toneladas aplicaba por vehículo y no al total de la estructura, argumentando que los camiones involucrados cumplían con la normativa vial vigente. La controversia se mantiene mientras las investigaciones avanzan, en medio de un llamado a no politizar la tragedia y a enfocarse en la atención de las víctimas y la reconstrucción del puente.