Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro, confirmaron su asistencia al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se llevará a cabo en Panamá el 28 y 29 de enero, en medio de una creciente tensión comercial entre ambos países. La crisis se desató tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando una falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, lo que llevó a represalias de Colombia con medidas similares y la suspensión del suministro de energía eléctrica.

La relación bilateral se ha visto deteriorada por estas medidas, y aunque no se ha confirmado una reunión bilateral entre Noboa y Petro, ambos líderes coincidirán en el foro, generando expectativas sobre si aprovecharán el evento para entablar diálogo diplomático. Petro ha expresado su disposición a reunirse con Ecuador, proponiendo como prioridad la cooperación para el control de puertos marítimos y la lucha contra el contrabando de drogas, mientras que Ecuador insiste en que la falta de reciprocidad en seguridad ha afectado la región.

La escalada comercial ha puesto en evidencia las tensiones políticas y económicas entre Quito y Bogotá, con impactos potenciales en el comercio bilateral y la seguridad regional. A pesar de la confrontación, existen señales de apertura al diálogo, e incluso iniciativas para explorar salidas diplomáticas que podrían contener la escalada de aranceles y restablecer una agenda de cooperación más amplia entre los dos países vecinos durante y después del foro en Panamá.

Un buque de carga que trasladaba mercancía al Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal del archipiélago de Galápagos, sufrió un incidente marítimo este 23 de enero, provocando que varios contenedores con productos cayeran al mar a unas 30 millas náuticas de la isla, según informó la Armada del Ecuador. La embarcación, identificada como el Isla de la Plata, habría presentado una inclinación abrupta que desestabilizó parte de su carga destinada a la población insular.

Tras el percance, una lancha guardacostas oceánica fue enviada al punto para iniciar maniobras de salvamento de la carga y verificar la seguridad de la tripulación. La institución castrense señaló que la tripulación se encuentra en condiciones seguras y que la nave recuperó su estabilidad tras el cambio de navegación a un estado con maniobra normal, aunque la operación aún está en desarrollo.

Este hecho llama la atención sobre la logística y transporte marítimo hacia las islas Galápagos, una región que depende en gran medida de suministros por vía marítima, y que debe garantizar la seguridad tanto de las personas como de la carga que abastece a las comunidades insulares.

El Gobierno de Ecuador, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, anunció avances en negociaciones con Colombia para reducir aranceles y precios de algunos productos importados, buscando aliviar la presión inflacionaria sobre bienes de consumo que históricamente han sido más caros para los consumidores ecuatorianos. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del aumento de precios en alimentos y artículos básicos, afectado por factores externos como la pandemia y la crisis de los combustibles.

La discusión también aborda la liberalización comercial y la eliminación de barreras arancelarias, con miras a facilitar un comercio más fluido entre ambos países, lo que podría traducirse en precios más competitivos para los consumidores. Estas acciones se enmarcan en el contexto de la creciente preocupación pública por el costo de vida, en especial ante el alza de la electricidad, que ha estado influenciada por fluctuaciones internacionales del precio del gas y la dependencia de combustibles importados.

Además, el gobierno de Ecuador enfatiza la importancia de coordinar estos ajustes comerciales con medidas internas que fortalezcan la economía y protejan a los sectores más vulnerables, en un entorno donde temas como el narcotráfico y la seguridad urbana también forman parte de las prioridades nacionales, afectando la percepción general sobre la gestión económica y el bienestar social.