El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García‑Peña, regresó a Washington este martes 8 de julio de 2025 como señal clara de que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca apaciguar la reciente tensión diplomática con la administración de Donald Trump. La crisis se desencadenó cuando Petro, el pasado 11 de junio, sugirió públicamente que el secretario de Estado Marco Rubio podría estar involucrado en un intento de golpe de Estado contra él.

Durante una rueda de prensa, García‑Peña desmintió categóricamente esa acusación: “el secretario de Estado Rubio ni el Gobierno de Estados Unidos tienen ninguna participación en un golpe de Estado o intento de desestabilización del país”, afirmó. También reiteró que su regreso a Washington tiene como propósito “fortalecer la relación estratégica” entre ambos países, abarcando temas como seguridad, comercio, migración, energía renovable y cooperación hemisférica.

Este restablecimiento diplomático ocurre después de que ambos países llamaran a consultas a sus embajadores: EE.UU. retiró a John McNamara de Bogotá, y Petro hizo lo mismo con García‑Peña. Además, el mandatario colombiano había enviado una carta retractándose de sus declaraciones y solicitando superar los “malentendidos” para mirar hacia adelante. Ahora, con el retorno del embajador, ambas naciones esperan que Estados Unidos tome pasos recíprocos para dar por superada la crisis bilateral.

La ciudad y el condado de Los Ángeles, junto con varias localidades del sur de California como Pasadena, Santa Mónica y West Hollywood, se unieron oficialmente a una demanda presentada por la ACLU contra la administración Trump. La acción judicial acusa a los agentes federales de emplear tácticas inconstitucionales —como detenciones sin orden, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza— durante las redadas migratorias en la región.

Las redadas, que incluyeron despliegues en zonas como MacArthur Park y la intervención de la Guardia Nacional y Marines, provocaron temor en las comunidades de inmigrantes y encendieron protestas ciudadanas. Tanto la alcaldesa Karen Bass como la fiscal municipal Hydee Feldstein Soto condenaron las acciones como parte de un patrón de intimidación en lugar de una aplicación adecuada de la ley.

La demanda busca que se emita una orden judicial que detenga las redadas con tácticas consideradas violatorias de la Constitución. Argumentan que estas prácticas afectan funciones locales, asustan a la población inmigrante y generan interrupciones económicas. La presentación legal marca un paso significativo en la confrontación entre autoridades locales demócratas y la política migratoria federal de Trump .