Durante la tarde del miércoles 3 de septiembre de 2025, la Policía Nacional, específicamente la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), intervino en un colegio ubicado en el sector de Bastión Norte, al norte de Guayaquil, tras recibir una alerta de docentes sobre la posible presencia de un arma en un aula de décimo de básica. Al realizar una inspección, los agentes hallaron un revólver calibre 38 y diez municiones sin percutir escondidos dentro de una mochila. Como resultado, tres adolescentes de 14, 15 y 16 años fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente.

Este suceso ha generado una fuerte preocupación por la seguridad en las instituciones educativas, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad social como Bastión Norte. Las autoridades destacaron la necesidad de reforzar la vigilancia y la colaboración entre padres, maestros y la comunidad educativa para identificar y prevenir situaciones de riesgo desde etapas tempranas.

La Policía aprovechó para reiterar el llamado a los actores involucrados en el entorno escolar a mantener una observación activa y compartir cualquier señal de alerta que pueda comprometer la seguridad. Este caso se suma a una tendencia creciente de incidentes relacionados con armas en escuelas, lo que refuerza la urgencia de implementar medidas preventivas eficaces y protocolos de respuesta rápida en centros educativos.

Este miércoles 3 de septiembre de 2025 se inició en Quito la audiencia de formulación de cargos en el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue víctima de un magnicidio el 9 de agosto de 2023. La Fiscalía imputa a cuatro personas —Daniel Salcedo, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y José Serrano— como presuntos autores intelectuales del crimen. Se llevó a cabo en el Complejo Judicial del norte de Quito bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

2. La jueza María Daniela Ayala declaró instalada la audiencia, tras rechazar un pedido de aplazamiento presentado por la defensa de Jordán (y previamente por la defensa de Aleaga, alegando un problema dental). La magistrada enfatizó que estas solicitudes carecían de “buena fe procesal” y advirtió posibles sanciones disciplinarias. La Fiscalía, representada por la fiscal Ana Hidalgo, expuso la teoría del delito, basada en testimonios de testigos protegidos y un testigo ante el FBI, incluyendo afirmaciones como que el asesinato “valía USD 200 000” y estuvo vinculado al entonces exvicepresidente Rafael Correa. También solicitó prisión preventiva para los cuatro imputados, algunos de los cuales están fuera del país y uno —José Serrano— detenido en EE. UU.

3. Paralelamente, las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, ingresaron al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía ante denuncias de hostigamiento e intimidación, particularmente contra Xavier Jordán. La diligencia representa un hito clave en el avance del caso por el asesinato de Villavicencio, un crimen que conmocionó al país y cuya fase de apertura de responsabilidades intelectuales ha avanzado tras que los autores materiales ya fueron condenados.

Mediante un operativo basado en intensas labores investigativas, la Policía Nacional logró liberar a una víctima de secuestro extorsivo en Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Los captores, vinculados al Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros, habrían exigido una elevada suma de dinero a cambio de su liberación. La víctima fue rescatada sin complicaciones en su salud y ya se encuentra bajo resguardo junto a sus familiares.

Tras la intervención policial, tres personas sospechosas —identificadas como presuntos miembros de Los Choneros— fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso judicial correspondiente.

En el mismo día, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la creación de una unidad especializada en extorsiones, en colaboración con UNASE, que contará con más personal y presupuesto. Esta iniciativa busca fortalecer la respuesta institucional frente a delitos tipificados como extorsión en el Código Orgánico Integral Penal, especialmente ante bandas peligrosas como Los Choneros, vinculadas a homicidios, narcotráfico y secuestros.

La Policía Nacional ejecutó una serie de operativos simultáneos en seis sectores de Guayaquil considerados de alta prioridad debido al aumento en las actividades delictivas. Estas acciones resultaron en la detención de 22 personas y tuvieron como resultado destacable el decomiso de un volumen considerable de sustancias ilícitas. Además, se incautó dinero en efectivo, aunque la nota no especifica la cantidad exacta.

Los sectores intervenidos fueron seleccionados en función de sus altos índices de violencia y criminalidad. La magnitud de los operativos, su ubicación estratégica y los resultados alcanzados reflejan la intensificación de la estrategia policial para contener el microtráfico y otras conductas delictivas en la ciudad.

La intervención refuerza el compromiso del Estado de contener las economías criminales que afectan la seguridad de la ciudadanía. A través de patrullajes, inteligencia y operativos focalizados en áreas con mayores índices delictivos, la Policía busca recuperar el control en territorios bajo la influencia del crimen organizado, y enviar un mensaje disuasorio claro a quienes operan en dichos sectores.