El 21 de agosto de 2025, Ecuador y Argentina formalizaron una alianza orientada a intensificar la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. Este esfuerzo conjunto fue liderado por la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador, quienes firmaron memorandos de entendimiento con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina.

Los acuerdos contemplan tres ejes principales: el intercambio ágil y seguro de información estratégica, la asistencia técnica mutua para fortalecer capacidades operativas y analíticas, y la implementación de programas conjuntos de capacitación. Estas medidas están alineadas con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont.

Además, la alianza incluye cooperación bilateral en integridad pública, promoviendo intercambios de buenas prácticas, mesas redondas, conferencias y planes de trabajo conjuntos. El objetivo es respaldar la implementación de políticas eficaces de prevención de corrupción, en concordancia con compromisos asumidos en convenciones como la UNCAC y la CICC.

Desde el lunes 18 de agosto de 2025, un incendio forestal afecta al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, en la provincia de Imbabura. Para combatir el fuego, las autoridades han desplegado equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito e Ibarra, que combinan trabajo manual con tecnología aérea —como el uso de drones para el monitoreo—, en una operación coordinada para detener el avance de tres líneas activas de fuego.

La emergencia se ve complicada por la difícil topografía del área: pendientes pronunciadas y pajonal seco facilitan la propagación del fuego, que ya ha consumido más de 1 000 hectáreas. El incendio abarca sectores críticos de protección ecológica, incluyendo Apuela, Imantag, Purafo, Piñán, Pantaví y Pillavo.

Las labores de control también cuentan con el apoyo del Ministerio del Ambiente y guardaparques, así como refuerzos desde otras reservas como Antisana, Cotopaxi, Pululahua, Cayambe, Coca, El Ángel y Pasochoa. El esfuerzo interinstitucional apunta no solo a extinguir las llamas, sino a proteger la valiosa biodiversidad del Parque Nacional, hogar de múltiples ecosistemas y especies amenazadas.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, informó a través de su cuenta en la red social X que la aplicación VIPA, utilizada para reportar y sancionar infracciones de tránsito, ha sido suspendida de inmediato. El sistema ya no puede emitir multas y, según anunció, el contrato que permite su funcionamiento será finalizado definitivamente.

La app VIPA fue lanzada en noviembre de 2024 como una herramienta ciudadana para denunciar contravenciones—como estacionamiento indebido o invasiones de carril—mediante videos en tiempo real de hasta 30 segundos. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) explicó que los reportes eran verificados antes de emitir sanciones, y que estas podían ser impugnadas en línea o de forma presencial. Hasta junio de 2025, el sistema había generado cerca de 66 892 sanciones.

La decisión del alcalde surge en medio de críticas sobre sanciones consideradas injustas o arbitrarias, incluyendo reportes breves que derivaron en multas. Aunque algunos ciudadanos defendieron la utilidad del sistema como herramienta de control urbano, el anuncio deja a VIPA sin operatividad y al municipio en proceso de concluir su vinculación contractual.

Desde el 20 de agosto de 2025, Ecuador aplica la novedosa exoneración 2×2 para envíos internacionales, establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 82. Bajo esta normativa, únicamente están exentos del pago de impuestos los paquetes postales que pesen hasta 2 kilogramos y cuyo valor no supere los USD 2. La simplificación busca justificar importaciones personales menores al tiempo que limita posibles abusos.

Cualquier envío que supere los parámetros establecidos—ya sea por peso o valor—debe declararse ante la aduana y está sujeto a las tarifas habituales, lo cual implica el arancel estándar de USD 20 por paquete, ya sea en el régimen regular o en la modalidad 4×4. Precisamente, las autoridades aclararon que el régimen 4×4 continúa vigente sin modificaciones, aplicable tanto a operadores postales públicos como privados (couriers), con un tope de 4 kg o USD 400.

El Gobierno ecuatoriano argumenta que esta regulación tiene como fin ordenar las importaciones menores, brindar mayor claridad y equidad normativa, así como proteger la producción nacional y reforzar la seguridad logística. La medida se da en un contexto de crecimiento exponencial del comercio electrónico: entre 2020 y 2024, las importaciones de paquetería pequeña aumentaron un 392 %, pasando de aproximadamente USD 102,7 millones a USD 502 millones.

En una acción coordinada, la Fiscalía General del Estado junto con la Policía Nacional ejecutó este miércoles 20 de agosto de 2025 tres allanamientos en las ciudades de Riobamba y Ambato, con el objetivo de capturar a presuntos implicados en redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Como resultado de estos operativos, tres personas fueron aprehendidas, y se anunció que los indicios recolectados serán presentados en la audiencia de formulación de cargos, donde se definirán las medidas legales pertinentes. Esta intervención forma parte del compromiso institucional para enfrentar este tipo de delitos que vulneran gravemente los derechos humanos.

La trata de personas en el país abarca la captación, traslado y explotación de individuos a través de mecanismos de control, coacción y abuso. En lo que va del año 2025 (primer semestre), se han registrado 78 víctimas, principalmente en las provincias de Pichincha (14), Sucumbíos (13) y Esmeraldas (11). De estas víctimas, un 77 % son mujeres, muchas de ellas adolescentes, y se incluyen también personas de nacionalidad colombiana y venezolana. Los fines más frecuentes de esta explotación son sexuales (80 %), seguidos por la laboral, mendicidad forzada y reclutamiento para actividades ilícitas.

Estos hechos no solo evidencian la persistencia de la trata de personas como delito en Ecuador, sino también la necesidad de respuestas gubernamentales firmes. Las cifras mencionadas y la complejidad del delito —que a menudo ocurre en entornos cercanos a las víctimas— demandan acciones integrales que incluyan prevención, protección y justicia. El operativo del 20 de agosto refuerza el mensaje institucional: aunque el desafío es profundo, las autoridades buscan ampliar su capacidad de detección, procesamiento y protección para quienes han sido víctimas de este flagelo.