La Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en Argentina (AEEA), con el respaldo de organismos de derechos humanos del país anfitrión, presentó el “Protocolo de Prevención contra la Deportación de Médicos Residentes Temporarios”. Esta iniciativa busca proteger la permanencia legal de los estudiantes migrantes que cursan medicina en Argentina y evitar posibles expulsiones. La AEEA llevará a cabo un registro de quienes se encuentren en riesgo, activando una red de respuesta inmediata frente a eventuales órdenes de deportación, en coordinación con organizaciones de derechos humanos y mediante asesorías legales especializadas.

El protocolo surge en el contexto del escándalo desatado por supuestas irregularidades en los exámenes de residencia médica en Argentina. En la prueba realizada el 1 de julio de 2025, estudiantes extranjeros —incluidos algunos ecuatorianos— obtuvieron puntajes sorprendentemente altos, lo que generó sospechas. En respuesta, las autoridades decidieron convocar a un nuevo examen para quienes alcanzaron 86 puntos o más, mientras la Embajada de Ecuador solicitó información oficial y pidió evitar que el caso sea utilizado como excusa para fomentar xenofobia o actitudes discriminatorias .

Como parte de la reacción diplomática, el Gobierno ecuatoriano —a través de la Cancillería y la Senescyt— expresó su rechazo a prácticas dudosas que comprometan la ética académica. Reafirmó su compromiso con la calidad y transparencia en la educación superior, y enfatizó que solo convalidará títulos reconocidos por estándares internacionales, como los establecidos por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).

Una ciudadana ecuatoriana, identificada como María Dolores R., fue extraditada desde Perú hacia Ecuador tras ser buscada durante ocho años por un caso de abuso sexual a un menor de edad ocurrido en 2017. Según la Policía Nacional, la mujer habría utilizado regalos como método de manipulación para llevar al menor a su vivienda, ubicada en la provincia de Imbabura, donde habría cometido el delito.

La mujer tenía una alerta roja de Interpol y fue localizada y detenida en Perú gracias a la coordinación entre autoridades policiales de ambos países. El caso fue denunciado por la madre de la víctima, y actualmente es llevado por la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra. La extradición se concretó el jueves 7 de agosto de 2025, cuando la acusada llegó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, donde fue recibida por agentes ecuatorianos.

La implicada podría enfrentar una pena de entre 10 y 13 años de prisión, especialmente si se confirma que la víctima era menor de seis años. Este caso se suma a las alarmantes cifras de violencia sexual en Ecuador, donde se estima que el 65 % de estos delitos ocurre en entornos cercanos a las víctimas, según datos recientes.

Una delegación del gobierno del Perú, liderada por el primer ministro Eduardo Arana, partirá este jueves 7 de agosto hacia Santa Rosa de Loreto —ubicada en la isla cuya soberanía es reclamada por Colombia— con el propósito de brindar servicios sociales vía la embarcación institucional Río Yavarí. Esta visita coincide con el desplazamiento de las celebraciones colombianas del Día de la Batalla de Boyacá hasta Leticia, en un acto de reafirmación simbólica de soberanía.

La tensión diplomática surge luego de que el Congreso de Perú aprobara la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, incluyendo la isla en disputa, lo cual el presidente colombiano Gustavo Petro calificó como una “apropiación unilateral” de territorio, alerta que Colombia ve como una amenaza a la navegación amazónica desde Leticia.

Frente a estas tensiones, el gobierno peruano ha reafirmado su soberanía histórica sobre la isla, respaldándose en tratados bilaterales y reafirmando la gestión jurisdiccional legítima sobre Santa Rosa desde hace décadas. Simultáneamente, el desplazamiento de las ceremonias colombianas a Leticia refuerza la relevancia simbólica de la región en Colombia, profundizando la confrontación diplomática.