La Asamblea Nacional aprobó iniciar una investigación sobre la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en relación con la compra de 60 trolebuses eléctricos, tras un informe de la Contraloría que señala posibles irregularidades y un perjuicio de unos USD 2,5 millones al municipio capitalino. La moción fue impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), que argumenta que el proceso de adquisición no siguió los procedimientos habituales como la subasta inversa, optando por un esquema de cooperación con un organismo internacional.

La resolución aprobada dispone que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea fiscalice de forma integral las acciones de Muñoz y las autoridades involucradas en la contratación y gestión de los trolebuses, y que se remita el caso también al Concejo Metropolitano de Quito y a la Contraloría General del Estado para las acciones correspondientes.

El correísmo se opuso a la investigación al afirmar que la Asamblea no tiene competencia para fiscalizar actos del Municipio, mientras aliados de ADN y otros bloques respaldaron la medida. El caso ha generado debate político sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos en proyectos de movilidad sostenible.

El sector pesquero ecuatoriano cerró 2025 con un crecimiento del 9 % en exportaciones, alcanzando un récord de USD 2 450 millones, según datos recopilados por la Cámara Nacional de Pesquería. Este desempeño se sumó al impulso general de la pesca y la acuicultura, que en conjunto superaron los USD 10 000 millones y representaron una parte importante de las exportaciones no petroleras del país. El sector también genera alrededor de 150 000 empleos directos e indirectos, consolidándose como un motor clave para la economía nacional.

A pesar de este avance, la industria enfrenta retos estructurales que amenazan su competitividad internacional. La eliminación del subsidio al diésel elevó considerablemente los costos de operación para la flota atunera, y la mayoría de los barcos son antiguos, lo que resalta la necesidad de modernización y de financiamiento para renovar equipos. Además, la falta de astilleros funcionales en Ecuador obliga a las empresas a llevar embarcaciones al exterior para reparaciones, generando una salida de divisas que podría evitarse.

Otros desafíos incluyen cuestiones de seguridad marítima, con gastos crecientes para proteger a las tripulaciones de amenazas como la criminalidad y el narcotráfico, además de limitaciones institucionales que dificultan la coordinación del sector. A ello se suma la necesidad de mantener y ampliar mercados internacionales, así como avanzar en la posible eliminación de medidas como la “tarjeta amarilla” en la Unión Europea para fortalecer la presencia del pescado ecuatoriano en el mercado global.

La ciudad de Minneapolis se ha convertido en el epicentro de fuertes protestas tras la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, quien fue fatalmente disparada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el marco de una gran redada federal en Minnesota. Good, descrita por familiares como una madre y activista pacífica, recibió varios disparos dentro de su vehículo, lo que desató indignación y movilizaciones en la ciudad y en otras partes del país.

Miles de manifestantes salieron a las calles pese al intenso frío, coreando consignas contra el ICE y exigiendo justicia, mientras que en Minneapolis se registraron marchas multitudinarias y bloqueos de calles. Las protestas se replicaron en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington D.C., y se planificaron más de 1.000 concentraciones en todo Estados Unidos en rechazo a la violencia policial y las políticas migratorias federales.

Ante la creciente tensión, la administración estadounidense anunció el envío de cientos de agentes federales adicionales a Minneapolis para reforzar la seguridad de su personal, una medida que ha provocado críticas de autoridades locales y demandas legales contra el gobierno federal por supuestas violaciones constitucionales. Mientras tanto, líderes estatales han exigido investigaciones transparentes sobre el uso de la fuerza y hay llamados a limitar o retirar las operaciones del ICE en la región.

El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, presentó su renuncia al cargo antes de que se instalara una sesión extraordinaria del Pleno convocada para decidir si continuaba al frente del alto tribunal o se designaba un reemplazo, en medio de tensiones internas y cuestionamientos por su gestión.

La renuncia de Suing se produjo en un contexto de polémica dentro de la Función Judicial, tras el pedido de varios jueces para revisar su encargo y días después de que la jueza Enma Tapia también renunciara como presidenta subrogante, lo que complicó la instalación de la sesión y la elección de una nueva autoridad.

Ante esta situación, la jueza Daniella Camacho, por antigüedad, asumió temporalmente la conducción del tribunal, pero clausuró la reunión sin nombrar un sucesor, dejando pendiente la definición de quién liderará la Corte Nacional de Justicia mientras continúa el proceso de deliberación entre los magistrados.