En la madrugada del 30 de julio de 2025, un terremoto submarino de magnitud estimada entre 8,7 y 8,8 sacudió la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso. Fue el sismo más potente en la región desde 1952, y provocó alertas de tsunami en todo el Pacífico, desde Japón y Hawái hasta la costa occidental de América. Se reportaron daños en edificaciones y heridos, pero hasta el momento no ha habido víctimas mortales gracias a las rápidas evacuaciones y sistemas de alerta efectivas.

Horas después del terremoto, el volcán Kliuchevskói, el más alto y activo de Eurasia con unos 4.800 metros, inició una potente erupción. Se observó lava incandescente descendiendo por su ladera occidental, intensas explosiones y una columna de ceniza que alcanzó aproximadamente 3 km de altura, extendiéndose decenas de kilómetros en dirección al este. El cráter principal tiene unos 700 metros de ancho y el sistema incluye cerca de 80 fumarolas a lo largo del cono volcánico.

La zona de influencia del volcán, situada a unos 30 km de la localidad de Kliuchi, hogar de alrededor de 4.500 habitantes, se mantiene en estado de emergencia. Aunque no se han reportado pérdidas humanas, las autoridades continúan evaluando los daños estructurales y la actividad sísmica residual. En paralelo, se han ido desactivando gradualmente las alertas de tsunami en múltiples países, aunque persiste la vigilancia ante posibles réplicas de gran magnitud y nuevas emisiones volcánicas.

La madrugada del 28 al 29 de julio de 2025, un ataque aéreo ruso alcanzó la colonia penitenciaria Bilenkivska, ubicada en la región sureste de Zaporiyia, provocando la muerte de al menos 17 reclusos y heridas a otros 42, de los cuales varios requieren atención hospitalaria. El Ministerio de Justicia de Ucrania indicó que los agresores utilizaron cuatro bombas aéreas guiadas contra instalaciones penitenciarias civiles, destruyendo por completo la cantina y afectando gravemente los edificios administrativos y sanitarios .

Las autoridades ucranianas describieron el ataque como un crimen de guerra deliberado, ya que la cárcel no presentaba ningún uso militar ni estaba en zona de conflicto inmediato. El presidente Volodímir Zelenskiy y el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, coincidieron en afirmar que Rusia actuó con intención y que el bombardeo muestra una clara violación del derecho internacional humanitario .

El ataque se dio en el marco de una oleada más amplia de bombardeos nocturnos en varias regiones del país, que dejaron un total de al menos 22 civiles muertos y más de 80 heridos. También resultaron afectadas otras infraestructuras civiles, como un hospital materno-infantil en Dnipropetrovsk donde fallecieron personas y una mujer embarazada resultó gravemente herida. Además, Ucrania reportó el uso de drones suicidas y misiles Iskander, aunque muchos fueron interceptados por la defensa aérea .

Israel ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos y operaciones terrestres en la Franja de Gaza, concentrándose en la demolición de edificios civiles —incluidas viviendas, mezquitas y hospitales— utilizando explosivos y artillería pesada. Esta estrategia ha generado acusaciones de crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU, que denuncian la destrucción sistemática y desproporcionada de infraestructura civil.

La ofensiva, especialmente evidente en zonas como Deir al-Balah, ha desplazado forzosamente a prácticamente toda la población —alrededor del 87 % del territorio está bajo órdenes de evacuación o control estricto— y ha dejado cientos de miles de personas hacinadas en espacios reducidos sin acceso adecuado a agua, alimentos o atención médica. Estas acciones, según organismos internacionales, agravan dramáticamente la situación humanitaria, intensifican los efectos físicos y psicológicos sobre la población y ponen en riesgo vidas de civiles vulnerables.

Diversas entidades internacionales han pedido un cese inmediato de la violencia. Un informe de la ONU describe los ataques como “inhumanos y sistemáticos”, mientras que al menos 25 países condenaron la práctica de controlar el ingreso de ayuda y han exigido el fin de las operaciones militares extendidas en zonas civiles. Sin embargo, Israel defiende que sus objetivos son posiciones de grupos armados, alegando necesidad militar, aunque desde la comunidad internacional se cuestiona su proporcionalidad y legalidad.