El nadador cuencano Esteban Enderica, de 34 años, se alzó con la medalla de oro en la prueba de 200 metros mariposa durante el Grand Prix Latam celebrado en Asunción, Paraguay. Este triunfo se suma a su destacada trayectoria, que incluye participaciones en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, consolidándolo como uno de los máximos exponentes de la natación ecuatoriana.

Enderica, quien también ha brillado en competencias de aguas abiertas, expresó su compromiso con el desarrollo del deporte en su país. Actualmente, lidera junto a sus hermanos un proyecto para la construcción de un complejo deportivo en Cuenca, su ciudad natal. Además, forma parte del Programa de Fomento Deportivo de Banco Pichincha y la Fundación Crisfe, iniciativa que ha contribuido a la obtención de 34 medallas por parte de atletas ecuatorianos en el primer semestre de 2025.

Este año ha sido especialmente significativo para el nadador, ya que celebró el nacimiento de su primera hija, Mía Luciana, quien se ha convertido en una fuente adicional de inspiración en su carrera. Con este nuevo logro, Enderica no solo reafirma su vigencia en la natación internacional, sino que también continúa siendo un referente y motivación para las futuras generaciones de deportistas en Ecuador.

El 29 de mayo de 2025, la Policía Nacional de Ecuador ejecutó cuatro allanamientos simultáneos en los distritos de La Delicia, Eloy Alfaro y Quitumbe, en Quito. Como resultado, ocho personas (una mujer y siete hombres, algunos de ellos extranjeros) fueron detenidas por su presunta vinculación con al menos seis muertes violentas registradas recientemente en la capital. Durante los operativos, se incautaron armas de fuego, municiones, prendas de vestir y tres motocicletas, una de las cuales coincide con las características del vehículo utilizado en un crimen reciente en Quitumbe.

El coronel Hólger Cortez, comandante de la Policía en la Zona 9, indicó que estos operativos fueron parte de una respuesta al incremento de hechos violentos en los últimos días. Uno de los casos que motivó la acción policial fue el asesinato ocurrido el 27 de mayo en Quitumbe, donde una mujer perdió la vida como víctima colateral de un ataque armado. El coronel Carlos Rosero, jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que también se encontraron evidencias que podrían vincular a los detenidos con otros hechos violentos.

Las autoridades investigan si los detenidos forman parte de una banda que disputa territorios de microtráfico y actúa para el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos. Algunos de los aprehendidos dieron versiones contradictorias sobre su nacionalidad, lo que está siendo investigado para determinar su afiliación a organizaciones criminales. La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que presenten denuncias que permitan reforzar las investigaciones y avanzar en el proceso judicial contra los detenidos.

La petrolera argentina Pampa Energía, principal accionista de OCP Ltd., ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La disputa surge por la negativa de Ecuador a liberar pólizas de seguro valoradas en USD 100 millones, correspondientes al contrato de operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que estuvo vigente durante 20 años. Estas pólizas estaban destinadas a cubrir posibles daños medioambientales y fallos operativos, riesgos que, según Pampa, no se materializaron. La empresa sostiene que, tras la finalización del contrato y la transferencia del oleoducto al Estado el 1 de diciembre de 2024, se debía proceder a la liberación de dichas garantías.

La terminación del contrato se produjo luego de que las negociaciones para su renovación entre el Gobierno ecuatoriano y OCP Ltd. no llegaran a buen puerto. Pampa Energía afirma que colaboró plenamente en una transición ordenada y que, conforme a lo estipulado, las pólizas debían ser liberadas al concluir el acuerdo. La empresa argumenta que, al no haberse presentado los riesgos cubiertos por las pólizas, no existe justificación para retenerlas. Ante la falta de resolución mediante el diálogo, Pampa optó por recurrir al arbitraje internacional, aunque mantiene su disposición a continuar las conversaciones y expresa su interés en seguir invirtiendo en Ecuador.

El OCP, construido en 2003, es una infraestructura clave para la exportación de crudo ecuatoriano, transportando aproximadamente 200.000 barriles diarios desde la Amazonía hasta la costa de Esmeraldas. Pampa Energía destaca que, en varias ocasiones, el OCP ha complementado al oleoducto estatal SOTE, evitando pérdidas significativas para el Estado. Hasta el momento, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador no ha emitido una respuesta oficial respecto a la demanda presentada por OCP Ltd.

El Ministerio del Trabajo de Ecuador ha implementado el acuerdo ministerial MDT-2025-053, que reduce de 30 a 15 días el plazo para que los empleadores registren el acta de finiquito y paguen la liquidación correspondiente al extrabajador. Este cambio busca agilizar los procesos de terminación laboral y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones patronales. Además, se establece que el acta de finiquito debe estar firmada por ambas partes y acompañada del comprobante de pago en formato PDF al momento de su registro en el sistema del Ministerio del Trabajo.

En situaciones donde el extrabajador no se presente a cobrar su liquidación o rechace el pago, el empleador dispone de un plazo adicional de 15 días para realizar la consignación en línea de los valores adeudados. Este procedimiento asegura que los fondos estén disponibles para el trabajador, incluso si no se concreta la entrega directa. Con estas modificaciones, el tiempo total para cumplir con el pago de liquidaciones se reduce de 45 a 30 días.

Expertos en derecho laboral, como la abogada Vanessa Velásquez, señalan que estas reformas fortalecen la protección de los derechos de los trabajadores al establecer plazos más estrictos para el cumplimiento de las obligaciones patronales. Sin embargo, también advierten que la efectividad de estas medidas dependerá de la supervisión y aplicación por parte de las autoridades laborales, ya que, en la práctica, no siempre se exige el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos.