El 12 de agosto de 2025, en la mañana de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional, una gran valla publicitaria instalada en el puente del Guambra, en la intersección de la avenida Patria y 10 de Agosto, se desplomó sobre un grupo de manifestantes que se encontraba congregado en el lugar.

La estructura, que no estaba asegurada a una base fija sino solo sostenida por una armadura metálica, cayó sin que por el momento se conozcan las causas —podría haber sido por viento o manipulación—. La publicidad en cuestión incluía imágenes y los nombres de nueve jueces que habrían suspendido artículos clave de leyes relacionadas con la lucha contra el crimen organizado.

Aunque aún no hay cifras oficiales sobre el número de afectados, se menciona que al menos tres personas habrían sido golpeadas por la caída. En un video difundido por TVC, se muestra a un grupo de personas alrededor tratando de auxiliar a quienes estaban en el suelo tras el incidente.

El Ejército ecuatoriano ejecutó un operativo en la cárcel de Chimborazo, en Riobamba, como parte de sus acciones permanentes para reforzar el orden en los centros penitenciarios del país. La intervención estuvo a cargo de la Brigada de Caballería Blindada, que realizó una inspección integral dentro del centro carcelario. Durante la operación se logró desarmar terminales telefónicas y se incautaron diversos objetos prohibidos.

Entre los artículos decomisados se encuentran nueve teléfonos celulares, 38 dosis de marihuana, dos paquetes adicionales de la misma droga, ocho pipas artesanales, armas cortopunzantes, cigarrillos, cargadores, dos parlantes, audífonos y otros dispositivos. Las Fuerzas Armadas informaron que estos operativos tienen como objetivo prevenir hechos violentos, garantizar la seguridad de los reclusos y del personal penitenciario, y erradicar las actividades ilícitas dentro de las prisiones.

Este tipo de acciones se han intensificado ante el incremento de la violencia en el país. Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Ecuador registró 4.619 homicidios en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 47 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las autoridades señalaron que las intervenciones militares continuarán en distintos centros penitenciarios como parte de las medidas preventivas y de control.

La CNA alertó que organismos de control, como la Fiscalía, están fallando en tramitar oportunamente denuncias relacionadas con compras de insumos médicos en hospitales públicos. Según la organización, muchas denuncias se están archivando o dejando prescribir sin que se investigue a los responsables principales —solo se responsabiliza a “funcionarios operativos”—, lo cual perpetúa una “impunidad institucionalizada” .

El coordinador Germán Rodas Chaves recordó que la CNA ha presentado denuncias similares desde 2018 y 2019, y que estas se prescriben después de siete años si no se investigan adecuadamente. También señaló que, pese a proporcionar listados detallados de implicados, las investigaciones no avanzan, incluyendo aquellas presentadas ante la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Salud y el IESS .

En su investigación más reciente, la CNA concluyó que aproximadamente 240 millones de dólares fueron desviados entre 174 proveedores vinculados a compras irregulares de insumos médicos. El 4 de agosto de 2025, la organización entregó una versión sistematizada de estas denuncias a las autoridades del IESS y el Ministerio de Salud, sin que hasta ahora se conozcan acciones claras desde el Estado para atender la problemática.

El superintendente de Bancos, Roberto Romero, declaró este 6 de agosto de 2025 que Banco Pichincha mantuvo la liquidez y solvencia necesarias durante las caídas en su aplicación móvil y banca en línea . Aunque la app presentó errores que afectaron el acceso de usuarios a servicios digitales, la entidad continuó operando con normalidad a través de sus canales físicos y cajeros automáticos.

La Superintendencia activó un proceso sancionador administrativo contra el banco por no cumplir con la normativa de reporte de incidentes tecnológicos, sin cuestionar su salud financiera. Paralelamente, Romero informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía por una campaña desinformativa que, según él, busca generar pánico financiero, delito sancionado con penas de cinco a siete años de prisión según el COIP.

La Superintendencia recalcó que el sistema financiero ecuatoriano conserva indicadores sólidos: más del 13 % de solvencia, liquidez inmediata superior al 21 % y baja morosidad (3,2 %). Se exhortó a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales, reportar afectaciones formales y evitar difundir información no verificada que podría afectar la confianza pública.