La Ley de Reformas contra la Discriminación por Edad en el Sistema Laboral, que entró en vigor el 14 de mayo de 2025, tiene como objetivo proteger a los trabajadores mayores de 40 años en Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha identificado contradicciones en su redacción que generan dudas sobre su aplicación efectiva. Por ejemplo, la normativa establece que los empleadores con al menos 25 trabajadores deben contar con un 1% de empleados mayores de 40 años, pero luego indica que esta obligación no podrá ser menor al 4%, lo que crea confusión sobre el porcentaje real exigido .

La ley fue aprobada por la anterior Asamblea Nacional en su penúltimo día de funciones, el 12 de mayo de 2025, a pesar de las objeciones del presidente Daniel Noboa, quien vetó parcialmente la reforma por considerarla inconstitucional. La Corte Constitucional respaldó el veto presidencial, pero los legisladores rechazaron la objeción y aprobaron la norma con modificaciones que, según expertos, no solucionan los problemas de inconstitucionalidad y generan más confusión .

A pesar de sus fallas, la ley incluye aspectos positivos, como la capacitación obligatoria en prevención del acoso y discriminación por edad, sanciones a empleadores que incumplan la contratación de mayores de 40 años, y la prohibición de discriminación por edad en procesos laborales. Además, se eliminan prácticas como la jubilación obligatoria por edad en universidades y se promueve la permanencia de docentes adultos mayores .

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, expresó que la propuesta de una Asamblea Constituyente, planteada durante la campaña por el presidente Daniel Noboa, sigue vigente pero no será implementada de inmediato. De la Gasca indicó que se están evaluando los tiempos políticos adecuados y que la conformación actual de la Asamblea Nacional es un factor clave para considerar esta iniciativa. Afirmó que la actual Constitución está “caduca” y que se utilizarán los mecanismos legales existentes antes de recurrir a una Constituyente, que sería una medida extrema .

El ministro destacó que el Ejecutivo priorizará reformas y enmiendas constitucionales utilizando los recursos disponibles. Solo si estas vías no resultan efectivas, se considerará la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Subrayó que cualquier decisión al respecto dependerá de la dinámica política y del trabajo conjunto con la Asamblea Nacional, que actualmente está en proceso de designar autoridades clave .

Además, De la Gasca anunció que en las próximas horas se enviarán a la Asamblea Nacional los primeros proyectos de ley del gobierno de Noboa, incluyendo la denominada “Ley Antipillos”, enfocada en temas de seguridad y economía. Estos proyectos buscan retomar iniciativas que anteriormente no prosperaron y reflejan las prioridades del Ejecutivo en el corto plazo .

La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha iniciado una investigación previa por un presunto delito de rebelión relacionado con actividades en la Asamblea Nacional. Esta acción responde a una denuncia presentada por el movimiento político Alianza Democrática Nacional (ADN), que alega la existencia de intentos de desestabilización institucional por parte de ciertos actores políticos. La investigación busca esclarecer si se han cometido actos que atenten contra el orden constitucional y la democracia en el país.

La denuncia de ADN se enmarca en un contexto político tenso, donde se han registrado manifestaciones y declaraciones que cuestionan la legitimidad de las instituciones democráticas. La Fiscalía ha señalado que, de encontrarse indicios suficientes, se procederá conforme a la ley para garantizar la estabilidad y el respeto al marco constitucional. Este proceso investigativo es crucial para determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de ser necesario, sancionar a los responsables de actos que puedan constituir rebelión.

El presunto intento de rebelión en la Asamblea Nacional ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, que observan con atención el desarrollo de las investigaciones. La transparencia y el respeto al debido proceso serán fundamentales para mantener la confianza en las instituciones y asegurar que cualquier acción contraria al orden democrático sea debidamente sancionada. Este caso subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de los mecanismos legales para proteger la democracia en Ecuador.