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Se establecerá una base de datos de perfiles genéticos no solo para aquellos en detención, sino también para miembros activos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y entidades relacionadas con la seguridad ciudadana, así como para individuos solicitantes de permisos para armas de fuego. Esta medida se encuentra descrita en el artículo 6 del Reglamento para la creación y gestión de la base de datos de perfiles genéticos, aprobado en diciembre de 2022, y se ha emitido un instructivo al respecto en 2023.

La creación de esta base de datos se considera una herramienta técnico-científica destinada a apoyar a las autoridades de justicia en la prevención del delito, la reducción de la impunidad y la reincidencia, así como para garantizar que no se repitan violaciones a la ley. El ámbito de aplicación de esta normativa, según el artículo 2 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), abarca diversas instituciones, desde la Policía Nacional hasta los cuerpos de bomberos.

El proceso de implementación ha comenzado para la población carcelaria. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha iniciado un censo en 16 cárceles desde el 21 de febrero, con el propósito de actualizar la información de los reclusos. Este censo implica la verificación de identidad, el registro de características como tatuajes o cicatrices, la toma de huellas dactilares e iris, y la recopilación de esta información en un sistema informático penitenciario.

Además, en colaboración con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se está llevando a cabo la toma de perfiles genéticos mediante hisopado bucal en las cárceles de Cotopaxi y Chimborazo, y desde el 11 de marzo en el centro de privación de la libertad Guayas n.º 1.

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