El precio del oro marcó este lunes un máximo histórico al situarse en torno a los 3 944,73 dólares por onza, superando su récord previo de 3 896,85 USD. El metal precioso ha acumulado una revalorización cercana al 50 % en lo que va del año, impulsado por la alta demanda, la debilidad del dólar y el ambiente de incertidumbre global.

Entre los factores que alimentan esta escalada se encuentran las compras masivas de bancos centrales que buscan reservas más diversificadas, el rol del oro como activo refugio frente a tensiones geopolíticas y expectativas de ajustes monetarios menos agresivos en EE. UU. Además, el cierre parcial del gobierno estadounidense ha aumentado la incertidumbre económica al inhibir la publicación de indicadores clave, potenciando el atractivo del oro. está “a tiro de piedra” y proyectan que el metal podría seguir subiendo si se mantienen los desequilibrios monetarios, las tensiones internacionales y la demanda institucional.

La Fiscalía ecuatoriana presentó una acusación formal contra 17 miembros de las Fuerzas Armadas por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño, conocidos como el caso “Malvinas”. En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal Christian Farez describió cronológicamente los hechos: los menores fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y trasladados a la zona de Taura (Naranjal), donde habrían sido víctimas de agresiones físicas, como golpes en la cabeza, uso de correas e incluso combates simulados durante el traslado.

Actualmente, 16 de los acusados están bajo prisión preventiva y uno bajo medidas cautelares alternativas. La defensa ha expresado inquietud por los retrasos procesales, pues la prisión preventiva podría vencer a fines de diciembre de 2025. Además, la Fiscalía incluyó en el proceso a un teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con prohibición de salida del país, retención de cuentas bancarias y obligación de presentarse periódicamente.

Las penas previstas para el delito de desaparición forzada en el Código Orgánico Integral Penal van de 22 a 26 años para los autores directos, mientras los cómplices podrían recibir sanciones menores según su grado de participación. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha cuestionado la credibilidad de una versión de testigo que implicaba a bandas criminales, denunciando que ésta habría sido coaccionada bajo amenazas, lo que sugiere posibles esfuerzos de encubrimiento institucional.

Del 22 al 26 de septiembre de 2025, el Registro Civil del Ecuador implementará una jornada especial para emitir o renovar pasaportes sin necesidad de turno previo en 27 agencias de 23 provincias. Durante ese lapso, los ciudadanos podrán acercarse directamente con su comprobante de pago y los documentos requeridos, sin necesidad de agendamiento en línea.

Esta medida tiene como objetivo descongestionar el sistema de citas virtuales que ha estado saturado y responder a los reclamos de quienes no han podido conseguir turno a tiempo. Incluso quienes tenían citas programadas más allá del 26 de septiembre pueden acudir durante esta semana para adelantar su trámite.

Los requisitos para acceder al servicio sin turno incluyen el comprobante de pago impreso, la cédula de identidad vigente, y el pasaporte anterior en caso de renovación. En Quito, Guayaquil y Cuenca se entregará el pasaporte el mismo día; en las demás agencias, el plazo será de hasta 8 días laborables.

Un amplio sector del transporte público de Lima y la provincia del Callao acató un paro este lunes 6 de octubre de 2025 en protesta contra la falta de respuesta estatal frente al incremento de extorsiones y agresiones por parte de organizaciones criminales. La medida se tomó después del asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores y del ataque a otro chofer en San Juan de Lurigancho, eventos que desataron alarma entre los trabajadores del volante.

La suspensión del servicio generó severos trastornos en la movilidad urbana: escasez de unidades, congestión de pasajeros que buscaban llegar al trabajo, y enfrentamientos entre quienes intentaban trasladarse y piquetes de choferes en huelga. En Carabayllo se registraron bloqueos viales y quema de neumáticos como parte de las protestas. Para contener la situación, la Policía Nacional movilizó unos 2.000 agentes bajo el plan “Amanecer Seguro”.

Ante la crisis, el Ministerio de Trabajo instó a las empresas de transporte a adoptar medidas flexibles, como el trabajo remoto, y el Gobierno propuso declarar en emergencia el sector e implementar la compra directa de cámaras de seguridad para buses. Mientras tanto, los transportistas, organizados tras advertencias previas de retomar la protesta en caso de nuevos ataques, contemplan movilizaciones hacia el Congreso como medida para exigir garantías concretas.

Un violento enfrentamiento armado ocurrió este 3 de octubre en el kilómetro 88 de la vía Alóag-Santo Domingo, cerca del peaje de ese sector, dejando al menos dos personas fallecidas y dos heridas. Un video que circula en redes muestra el momento del ataque: múltiples disparos se escuchan mientras vehículos y testigos intentan tomar distancia.

La Policía Nacional confirmó que los atacantes interceptaron un vehículo negro donde viajaban las víctimas, dispararon desde otro vehículo en movimiento, provocando la muerte instantánea de dos ocupantes y heridas a los otros dos, quienes fueron trasladados a un centro médico. Además, uno de los sospechosos fue detenido posteriormente al hallarse el vehículo implicado cerca de la ruta Quito-Quevedo; ese automóvil contaba con reporte de robo previo.

Este hecho ocurre en medio de una creciente preocupación por la inseguridad en la zona, donde episodios similares se han presentado recientemente. Las autoridades investigan los móviles del ataque —posible venganza, ajuste de cuentas u otro crimen organizado— mientras refuerzan controles en carreteras de alto riesgo.

Una banda dedicada al robo de equipajes fue desarticulada por la Policía Nacional en Quito. Dos de sus integrantes fueron detenidos por el delito de receptación tras investigaciones que apuntan a que robaban maletas de pasajeros que llegaban al aeropuerto. Los asaltos eran coordinados: los delincuentes seleccionaban víctimas dentro de la terminal, y contaban con cómplices fuera para interceptar su camino hacia sus domicilios.

Durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Pusuquí, se recuperaron múltiples objetos sustraídos: prendas, calzado, equipos electrónicos como laptops, relojes y documentos. Parte de estos bienes ya estaban preparados para su venta en redes sociales, lo que evidencia una operación organizada para comercializar el botín. Además, se presume que la banda tenía informantes dentro del aeropuerto para identificar a quienes transportaban equipaje voluminoso.

Este caso refuerza denuncias previas sobre vulnerabilidades en la seguridad aeroportuaria. En julio pasado ya se conoció otro incidente parecido donde un guardia de seguridad fue sorprendido robando celulares y laptops desde “puntos ciegos” del sistema de vigilancia del aeropuerto. Las autoridades están bajo presión para fortalecer los protocolos de control interno y proteger a los pasajeros frente a actos delictivos dentro del recinto aeroportuario.

El Ministerio de Defensa de Ecuador ha señalado que el tráfico ilegal de combustibles se ha convertido en la tercera amenaza más grave para la seguridad del país, solo detrás del narcotráfico y la minería ilegal. Este delito genera millonarias ganancias para grupos delictivos y está vinculado a actividades criminales de mayor envergadura, como el contrabando fronterizo, el suministro a narcolanchas y operaciones sin trazabilidad financiera.

Según los datos oficiales, seis organizaciones criminales controlan gran parte de esta actividad: Los Lobos, Los Choneros, Los Comandos de Frontera, el ELN, el Frente Oliver Sinisterra y los Latin Kings. Estas bandas operan con una estructura sofisticada: perforaciones clandestinas, transporte encubierto usando guías válidas, uso de tanqueros autorizados, e incluso con la complicidad de funcionarios públicos mediante intimidación o sobornos.

En lo que va de 2025, las Fuerzas Armadas han realizado más de 34 000 operaciones militares para combatir este delito, incautando más de 1 000 000 de galones de combustible y destruyendo acoples clandestinos, afectando económicamente a las mafias por unos 21,5 millones de dólares. Las provincias más golpeadas por este ilícito son Orellana, Guayas, Sucumbíos, Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas y Manabí, donde se concentra el mayor despliegue de controles y esfuerzos de seguridad.