
La Fiscalía ecuatoriana presentó una acusación formal contra 17 miembros de las Fuerzas Armadas por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño, conocidos como el caso “Malvinas”. En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal Christian Farez describió cronológicamente los hechos: los menores fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y trasladados a la zona de Taura (Naranjal), donde habrían sido víctimas de agresiones físicas, como golpes en la cabeza, uso de correas e incluso combates simulados durante el traslado.
Actualmente, 16 de los acusados están bajo prisión preventiva y uno bajo medidas cautelares alternativas. La defensa ha expresado inquietud por los retrasos procesales, pues la prisión preventiva podría vencer a fines de diciembre de 2025. Además, la Fiscalía incluyó en el proceso a un teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con prohibición de salida del país, retención de cuentas bancarias y obligación de presentarse periódicamente.
Las penas previstas para el delito de desaparición forzada en el Código Orgánico Integral Penal van de 22 a 26 años para los autores directos, mientras los cómplices podrían recibir sanciones menores según su grado de participación. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha cuestionado la credibilidad de una versión de testigo que implicaba a bandas criminales, denunciando que ésta habría sido coaccionada bajo amenazas, lo que sugiere posibles esfuerzos de encubrimiento institucional.