Uno de los implicados en el ataque al Tribunal Constitucional (TC) de Ecuador en 2023 ha presentado un recurso de apelación contra su sentencia. El individuo, condenado a 8 años de prisión por terrorismo y daños a bienes públicos, alega inconsistencias procesales en su juicio. El ataque, ocurrido durante las protestas de ese año, dejó graves daños en la sede del TC en Quito.
Los abogados defensores sostienen que no existen pruebas directas que vinculen a su cliente con los actos vandálicos y que su condena se basó en testimonios contradictorios. La Fiscalía, en cambio, mantiene que hay evidencia suficiente, incluyendo imágenes de videovigilancia y declaraciones de testigos, que lo ubican participando en los disturbios. El caso se enmarca en una serie de procesos judiciales derivados de las protestas sociales de 2023.
Este recurso podría sentar un precedente para otros juicios relacionados con las manifestaciones de 2023. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el uso de figuras penales como terrorismo para estos casos, mientras que el gobierno defiende su postura de aplicar todo el peso de la ley contra actos violentos. La Corte Provincial de Pichincha deberá resolver la apelación en los próximos meses, en un proceso que revive el debate sobre protesta social vs. criminalidad.