VITO TVO

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La decisión del Gobierno ecuatoriano de eliminar el subsidio al diésel para el sector pesquero ha generado preocupación entre los representantes de la industria, quienes advierten sobre posibles efectos adversos en la competitividad internacional y en las comunidades que dependen de esta actividad. Según la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) y la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec), el subsidio representa aproximadamente USD 14,4 millones, equivalentes al 2,8 % del consumo anual de diésel en el país. Los gremios sostienen que la eliminación de este beneficio no contribuirá significativamente a la reducción del gasto público, pero sí afectará las cadenas de valor y el sustento de numerosas familias. l

El combustible constituye entre el 30 % y 36 % de los costos operativos de las embarcaciones atuneras. Un aumento en estos costos podría disminuir la competitividad de Ecuador en mercados clave como la Unión Europea, que demanda normas de origen garantizadas por la pesca nacional. Una reducción en el abastecimiento de atún por parte de la flota nacional, debido al incremento de costos, podría afectar directamente el posicionamiento internacional del país como uno de los principales exportadores de atún del mundo.

Ante esta situación, los gremios han propuesto al Gobierno medidas compensatorias, como la autorización para la libre importación de diésel, la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) y aranceles sobre combustible, insumos y equipos pesqueros. También sugieren aplicar el artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo, que establece tarifa cero de IVA para insumos y maquinaria del sector pesquero, y que lleva siete años sin ejecutarse. Además, plantean una eliminación gradual del subsidio y la implementación de líneas de crédito para modernizar y repotenciar la flota atunera.

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