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El presidente Daniel Noboa logró la aprobación de las seis preguntas que presentó en la consulta popular sobre reformas legales en materia penal y de seguridad pública, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas preguntas tienen un tratamiento diferente a las otras cinco del referendo constitucional (A, B, C, D, E), las cuales serán publicadas directamente en el Registro Oficial tras la proclamación de los resultados. Mientras tanto, las preguntas F, G, H, I, J y K, que obtuvieron entre el 64% y 71% de respaldo, deberán seguir un proceso en la Asamblea Nacional.

Estas propuestas incluyen medidas como la realización de controles permanentes de armas por parte de militares en las entradas a las cárceles, el aumento de penas para varios delitos, la obligatoriedad de que los sentenciados cumplan íntegramente su condena en prisión, la penalización de la posesión de armas de uso militar y policial, la autorización para que las fuerzas públicas utilicen armas confiscadas a delincuentes, y la rápida transferencia de bienes de origen ilícito al Estado.

Una vez oficializados los resultados, el presidente Noboa tendrá cinco días para presentar los proyectos de las seis leyes correspondientes al Legislativo. Solo entonces se conocerá el detalle de cada propuesta, que no fue previamente especificado en los anexos de la consulta. La Asamblea dispondrá de un máximo de 60 días para discutir, aprobar y devolver los proyectos al Ejecutivo para su revisión o para su envío inmediato al Registro Oficial. Todo esto se desarrollará en medio de la agenda legislativa existente, que ya cuenta con múltiples proyectos en proceso y actividades de fiscalización.

Durante estos dos meses, las discusiones en el Legislativo estarán marcadas por la obligación de respaldar lo decidido en la consulta, aunque las fuerzas políticas tendrán margen para ajustar los planteamientos de las leyes. Además, podrán mantenerse firmes en sus textos incluso si el presidente Noboa objeta parcialmente alguna parte de ellos. Con estos pasos por delante, las reformas legales propuestas en la consulta popular podrían entrar en vigor en un plazo estimado de tres a cuatro meses.

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