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El primer ministro francés, François Bayrou, presentó un plan de ajuste presupuestario de 43 800 millones de euros a aplicar entre 2026 y 2030, con el objetivo de controlar un déficit que alcanzó el 5,8 % del PIB en 2024 y una deuda pública equivalente al 114 % del PIB. El despliegue prevé congelar las pensiones, sueldos del sector público y prestaciones sociales, además de recortar cientos de miles de empleos estatales.

El plan contempla la eliminación de dos días festivos nacionales—posiblemente el Lunes de Pascua y el 8 de mayo—, con la intención de elevar la productividad. También se incrementará el copago de medicamentos crónicos de 50 € a 100 € anuales, se limitarán reembolsos de tratamientos sanitarios, se reutilizarán dispositivos médicos y se endurecerán los controles sobre bajas prolongadas.

Para compensar parte del recorte, el Ejecutivo introducirá una nueva “contribución de solidaridad” para los ciudadanos de ingresos más altos, además de reforzar las acciones contra el fraude fiscal y los beneficios digitales. La propuesta enfrenta oposición desde el ultraderecha —Marine Le Pen ya amenazó con una moción de censura—, y el gobierno minoritario de Bayrou deberá negociar con fuerza para aprobarla.

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