
La administración de Donald Trump ha intensificado su política de deportaciones, implementando medidas que afectan incluso a los residentes legales con green card. En un giro preocupante, el gobierno ha recurrido a una antigua ley de 1789 para justificar la expulsión rápida de presuntos criminales extranjeros, desatando un fuerte debate sobre la legalidad de estas acciones. Al mismo tiempo, las restricciones de ingreso a EE.UU. se han endurecido, afectando a ciudadanos de múltiples países.
El uso de esta estrategia ha generado un choque de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial. Mientras un juez ordenó suspender ciertas deportaciones, la administración Trump se ha negado a proporcionar evidencia para justificar sus decisiones, argumentando que la seguridad nacional está en riesgo. Incluso se ha sugerido la posibilidad de destituir jueces que bloqueen las medidas migratorias, lo que ha sido rechazado por la Corte Suprema.
Además de las deportaciones masivas, el gobierno de Trump evalúa imponer un nuevo Travel Ban, ampliando la lista de países cuyos ciudadanos no podrán ingresar a EE.UU. En este contexto, migrantes con visas de trabajo y estudiantes internacionales también enfrentan un futuro incierto, con arrestos y deportaciones que han encendido alarmas sobre la represión de la disidencia política bajo pretexto de seguridad nacional.