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El Gobierno de Bolivia enfrenta un paro nacional y protestas sindicales lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) desde el 22 de diciembre de 2025, en rechazo a un decreto que eliminó los subsidios a los combustibles, provocando fuertes aumentos en los precios de la gasolina y el diésel tras décadas de subsidios.

Estas movilizaciones se mantienen a pesar de negociaciones con distintos sectores; solo un grupo de mineros estatales continúa con la huelga indefinida, mientras que transportistas y comerciantes consiguieron acuerdos parciales con el Ejecutivo. El paro se suma a una crisis económica más amplia que enfrenta el presidente Rodrigo Paz, quien defiende la medida como necesaria para la estabilidad fiscal y promete compensaciones como un aumento del salario mínimo.

Un elemento clave de la crisis es la fractura interna del gobierno, ya que el vicepresidente Edmand Lara se ha declarado en “oposición constructiva”, criticando duramente al presidente, respaldando las protestas y acusando al Ejecutivo de estar del lado de los ricos y de generar “convulsión social”. Su postura ha generado tensiones políticas adicionales en un contexto de malestar social y desafíos económicos.

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