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La Asamblea Nacional aprobó iniciar una investigación sobre la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en relación con la compra de 60 trolebuses eléctricos, tras un informe de la Contraloría que señala posibles irregularidades y un perjuicio de unos USD 2,5 millones al municipio capitalino. La moción fue impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), que argumenta que el proceso de adquisición no siguió los procedimientos habituales como la subasta inversa, optando por un esquema de cooperación con un organismo internacional.

La resolución aprobada dispone que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea fiscalice de forma integral las acciones de Muñoz y las autoridades involucradas en la contratación y gestión de los trolebuses, y que se remita el caso también al Concejo Metropolitano de Quito y a la Contraloría General del Estado para las acciones correspondientes.

El correísmo se opuso a la investigación al afirmar que la Asamblea no tiene competencia para fiscalizar actos del Municipio, mientras aliados de ADN y otros bloques respaldaron la medida. El caso ha generado debate político sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos en proyectos de movilidad sostenible.

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