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La Fiscalía General del Estado ha revelado que, durante el gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988), las fuerzas de seguridad del país llevaron a cabo prácticas de tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en el marco de la lucha contra la subversión.
Según los informes oficiales, una proporción significativa de los casos documentados de violaciones graves a los derechos humanos en ese período se concentran en su mandato, lo que sugiere la existencia de una política estatal sistemática de represión.
Este anuncio representa un paso relevante hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y abre la puerta para que los responsables sean identificados, sancionados y se garantice la no repetición de tales hechos.

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