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El presidente estadounidense Donald Trump reveló planes para firmar una orden ejecutiva que permitirá al gobierno federal retener fondos a las llamadas «ciudades santuario», jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales. Esta medida busca forzar el cumplimiento de las políticas de inmigración a nivel nacional y castigar a los gobiernos locales que protegen a inmigrantes indocumentados.


La disposición facultaría al Departamento de Justicia y Seguridad Nacional a:

  • Retener asignaciones federales a ciudades y condados que no colaboren con ICE
  • Priorizar la deportación de extranjeros con antecedentes penales
  • Establecer sanciones a funcionarios que incumplan las normas migratorias


Alcaldes de principales ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles y Chicago ya anunciaron resistencia legal, argumentando que la medida es inconstitucional y perjudica la seguridad comunitaria. Organizaciones proinmigrantes advierten que esta política podría separar familias y disuadir a víctimas de crímenes de reportarlos por temor a deportación. Expertos legales anticipan batallas judiciales sobre los límites del poder federal para condicionar fondos.


Esta acción se enmarca en el cumplimiento de promesas de campaña de Trump sobre inmigración, siguiendo a otras medidas polémicas como el veto migratorio y la construcción del muro fronterizo. El tema promete reavivar el debate nacional sobre los derechos de los inmigrantes y las prerrogativas de los gobiernos locales frente al poder federal.

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