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El gobierno peruano, a través de su canciller Hugo de Zela, anunció que presentará ante la OEA una propuesta para que los países miembros soliciten información sobre la situación legal de quienes piden asilo —antes de concederlo—, con el fin de evitar el uso del asilo diplomático como refugio para personas condenadas o procesadas por delitos comunes.

La iniciativa se plantea como una corrección a lo que Perú considera una “desviación” en la aplicación actual de la Convención de Caracas de 1954. Según De Zela, la medida busca asegurar que el asilo cumpla su función original: proteger a perseguidos políticos, no ofrecer protección a quienes enfrentan causas penales perseguidas bajo procesos legales ordinarios.

El planteamiento de Perú ha abierto el debate diplomático, ya que implicaría modificar los criterios tradicionales para otorgar asilo en América Latina. Para el gobierno peruano, esta mayor exigencia de información y verificación legal antes de conceder asilo es necesaria para preservar el principio de justicia y evitar “malos usos” del refugio diplomático.

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