
La ciudad y el condado de Los Ángeles, junto con varias localidades del sur de California como Pasadena, Santa Mónica y West Hollywood, se unieron oficialmente a una demanda presentada por la ACLU contra la administración Trump. La acción judicial acusa a los agentes federales de emplear tácticas inconstitucionales —como detenciones sin orden, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza— durante las redadas migratorias en la región.
Las redadas, que incluyeron despliegues en zonas como MacArthur Park y la intervención de la Guardia Nacional y Marines, provocaron temor en las comunidades de inmigrantes y encendieron protestas ciudadanas. Tanto la alcaldesa Karen Bass como la fiscal municipal Hydee Feldstein Soto condenaron las acciones como parte de un patrón de intimidación en lugar de una aplicación adecuada de la ley.
La demanda busca que se emita una orden judicial que detenga las redadas con tácticas consideradas violatorias de la Constitución. Argumentan que estas prácticas afectan funciones locales, asustan a la población inmigrante y generan interrupciones económicas. La presentación legal marca un paso significativo en la confrontación entre autoridades locales demócratas y la política migratoria federal de Trump .