Las hermanas Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio —hijas del político ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023— presentaron una acusación particular contra los procesados por su magnicidio. Renunciaron expresamente a recibir una reparación económica, argumentando que aceptar dinero “sería inmoral” porque provendría del mismo origen ilícito con el que se financió el crimen. En su lugar, exigen una reparación simbólica que incluya, fundamentalmente, el reconocimiento público de su responsabilidad.
En su escrito, las hermanas solicitan que, de emitirse una sentencia condenatoria, los acusados declaren al país: “Somos culpables del magnicidio de Fernando Villavicencio”. Además, advierten que la evidencia recabada por la Fiscalía General del Estado de Ecuador —testimonios, peritajes, análisis de comunicaciones— permite establecer que el crimen fue planificado y ejecutado por una estructura criminal con roles diferenciados, y que la participación de los señalados no fue circunstancial sino deliberada.
El caso se desarrolla en medio de un proceso judicial marcado por irregularidades: destrucción de pruebas, amenazas a testigos, filtraciones y largos tiempos de instrucción. Las víctimas insisten en que solo a través de un juicio transparente, sin dilaciones y con reconocimiento público de los responsables, podrá lograrse una verdadera reparación para el país. Su postura pone de relieve que, más allá de sanciones económicas o carcelarias, lo que demandan es verdad y responsabilidad.