
La canciller Gabriela Sommerfeld informó el 1 de septiembre de 2025 que Ecuador está negociando con Estados Unidos un convenio para aceptar un programa limitado de deportados procedentes de “terceros países”—es decir, personas que no son estadounidenses ni ecuatorianas. Estos individuos deberían cumplir criterios estrictos, como no tener antecedentes delictivos, estar en buen estado de salud y no representar una carga económica para el Estado ecuatoriano. Se estima que serían alrededor de 300 personas al año.
Esta propuesta se enmarca en la estrategia estadounidense conocida como el acuerdo de “tercer país seguro”, mediante el cual migrantes que no pertenecen al país desde donde son deportados son enviados a otros países que aceptan canalizar sus solicitudes de asilo o regular su estatus migratorio. Hasta ahora, países como Honduras o Uganda han firmado pactos similares, y Ecuador estaría evaluando una versión más limitada de este esquema.
Sin embargo, en marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa fue tajante al afirmar que Ecuador no aceptaría migrantes deportados de otras nacionalidades, tras criticar que gobiernos como el venezolano rechazaran a sus propios ciudadanos repatriados. Este contraste revela una tensión entre el avance de las negociaciones técnicas y la postura política explícita del Ejecutivo ecuatoriano.