
En un operativo militar en el Cañón del Micay, departamento del Cauca (suroeste de Colombia), aproximadamente 600 personas rodearon y secuestraron a 45 soldados colombianos, quienes participaban en programas de sustitución de cultivos ilícitos. El Ejército confirmó que estas personas tenían vínculos con grupos armados residuales, particularmente facciones disidentes de las FARC, que operan en esta región estratégica para el narcotráfico.
Este secuestro constituye el segundo incidente similar en menos de un mes. En agosto, 33 soldados fueron retenidos en Guaviare tras enfrentamientos con disidentes de las FARC; en ese caso, los uniformados fueron liberados luego de cuatro días, tras negociaciones que incluían la devolución del cuerpo de un guerrillero fallecido. El escenario muestra la creciente dificultad del Estado para asegurar territorios donde convergen tráfico de drogas, minería ilegal y presencia rebelde.
El gobierno y las fuerzas militares han reafirmado su presencia en Cauca, mientras el presidente Gustavo Petro instó públicamente a liberar a los retenidos, haciendo un llamado a la unidad y al diálogo. Pero estas retenciones evidencian la fragilidad del control estatal en zonas rurales, así como la capacidad de los grupos armados para someter comunidades civiles y obstaculizar operaciones militares.