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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió no calificar el proyecto de reforma presentado por el asambleísta Santiago Díaz, que buscaba establecer los 14 años como edad mínima para el consentimiento sexual. La iniciativa fue entregada el pasado 3 de julio, apenas días antes de que Díaz fuese denunciado por la presunta violación de una menor de 12 años. La propuesta contaba inicialmente con el respaldo de diez legisladores del movimiento Revolución Ciudadana, aunque varios retiraron su firma tras el escándalo.

La medida generó una fuerte reacción de rechazo en el ámbito político y social. La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) se comprometió a bloquear el trámite y solicitó a la Fiscalía medidas para evitar la fuga del legislador, quien solicitó licencia indefinida a inicios de julio. El proyecto y la denuncia simultánea reavivaron el debate sobre la necesidad de proteger a niños y adolescentes y salvaguardar sus derechos frente a posibles manipulaciones legislativas.

El trasfondo del caso evidencia tensiones entre una parte de la clase política que busca reinterpretar el consentimiento adolescente y los sectores que defienden los derechos de la infancia. El episodio expuso las contradicciones internas del correísmo y puso en evidencia la fragilidad de los mecanismos de transparencia dentro de la Asamblea. Además, encendió una discusión urgente sobre la responsabilidad ética de quienes ejercen cargos públicos y su impacto en la protección de los más vulnerables.

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