Minería ilegal y crimen organizado impulsan ley para reforzar áreas protegidas
La minería ilegal ha avanzado sobre ríos, lagunas y reservas naturales, siendo actualmente una de las principales actividades del crimen organizado en América Latina. Países como Ecuador, Perú, Brasil y Colombia enfrentan la extracción ilícita de oro en zonas protegidas, donde no solo se provoca deforestación y envenenamiento por mercurio, sino que también florecen redes criminales transnacionales, muchas veces asociadas con narcotráfico y lavado de dinero.
Ante la crisis, varios gobiernos impulsan reformas —como Ecuador, que prohíbe actividades extractivas en áreas protegidas y zonas urbanas— y realizan enormes operativos para destruir maquinarias, incautar insumos y detener a implicados. En Perú, se reportan cientos de acciones contra mafias mineras que controlan territorios y alcanzan fortunas multimillonarias, rivalizando a veces con el narcotráfico .
El nuevo marco legal busca clasificar las actividades mineras en zonas resguardadas como delitos organizados, incrementando las sanciones penales y exigiendo cooperación internacional para rastrear redes financieras ligadas al oro ilegal. Sin embargo, las voces expertas advierten que aún prevalece la debilidad institucional y falta coordinación interregional para cortar las ganancias ilícitas que facilitan la persistencia de este crimen ambiental .