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La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, acusó al gobierno de Daniel Noboa de haber “roto el orden constitucional” y de dar un “golpe de Estado” al no encargarle la administración del país durante los días que se tomará el mandatario para hacer campaña política acogiéndose a una ausencia temporal por fuerza mayor expuesta en el decreto ejecutivo 500.

“Estoy preparada para reemplazar al presidente en democracia y conforme a la Constitución, pero me han impedido por la fuerza asumir mi despacho vicepresidencial”, aseveró Abad este jueves, a la par que elevó un pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática, porque, para ella, en el país se vive un golpe de Estado.

“Detrás de mí están la ley y la Constitución. ¡Estoy en plenas funciones, soy la única Vicepresidenta de la República. No existen dos o tres, hay una Vicepresidenta que es la que tiene que reemplazar al Presidente cuando pida la licencia para hacer campaña electoral!”, expresó la segunda mandataria.

Lamentó que se ha nombrado como Presidenta encargada a una “secretaria” — en referencia a la vicepresidenta encargada Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración — y Noboa se ha dedicado a gobernar con “decretos ejecutivos como si fueran servilletas de cocina”.

Este pronunciamiento se produjo en un hotel de Quito, este 9 de enero de 2025, en el que la autoridad reclamó su derecho de asumir el Gobierno ante la ausencia de Daniel Noboa, quien se acogerá a una ausencia temporal por fuerza mayor entre las 17:00 del jueves y las 17:00 del domingo 12 de enero.

En su lugar, el jefe de Estado encargó el poder a Cynthia Gellibert por los siguientes tres días, mientras estará en actividades territoriales para promocionar su candidatura presidencial para los comicios generales del 9 de febrero.

Previamente, nombró mediante decreto ejecutivo 494 a Gellibert como vicepresidenta del Estado, para que pueda subrogarlo.

En cambio, a Abad la envió a Turquía como encargada de negocios, pero ella no viajó y se tomó un periodo de vacaciones, por lo que el régimen determinó que se ha configurado una ausencia temporal.

Desde finales de diciembre, la Vicepresidencia de la República está cercada por mallas metálicas y miembros de la fuerza pública en sus alrededores.

En la puerta de entrada del edificio, ubicado en el centro de Quito, sigue pegado el decreto ejecutivo 492 con el que la envió a Turquía, luego que la jueza Nubia Vera aceptó una acción de protección y levantó la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo que le dictó el Ministerio de Trabajo a través de un sumario administrativo.

La Vicepresidencia tiene apagadas sus luces, ya que el personal había sido enviado a hacer teletrabajo para evitar actividades inusuales, se conoció.

Abad advirtió a Noboa de que estas decisiones le traerán consecuencias políticas, legales, tanto nacionales como internacionales y que no ha dejado de ser Vicepresidenta, por lo que no existe una ausencia temporal.

“Esto va mucho más allá de los derechos personales, este es un tema de democracia”, enfatizó la autoridad, quien negó estar “ansiosa del poder” y, en esa línea, lo instó a “corregir los errores porque nos está llevando al caos”.

Aunque desde las 17:00 de este jueves, Daniel Noboa se ausentará, Abad anticipó que no intentará ingresar por la fuerza a la sede del Gobierno para evitar ahondar en el conflicto y porque no le corresponde, pues el escenario, es que un “delito se va a consumar por parte de la secretaria del señor presidente”, refiriéndose a Gellibert.

Acentuó que no ha dejado sus funciones y que tampoco hay una renuncia y que cumplirá su función de encargada de negocios para Turquía cuando le permitan despachar desde la Vicepresidencia, mientras tanto, “no puedo hacer nada”.

En tanto, el Palacio de Gobierno lucía recubierto de mallas y militares armados en sus exteriores y antes de iniciar con la actividad electoral, el gobernante firmó dos decretos.

El 502 con el que ascendió al grado de vicealmirante de la Fuerza Naval, al contralmirante, Pablo Caicedo Salvador, por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Además, con el documento presidencial 501 ratificó el acuerdo de sede entre el Gobierno de Ecuador y la Corte Permanente de Arbitraje

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